sábado, 4 de julio de 2009

Una inspección de trabajo de "País"


Un artículo de José Domingo.


El tripartido, con el apoyo de CiU, quiere crear la Agencia Catalana de la Inspección de Trabajo. Cuando se materialice el traspaso de los funcionarios de la Inspección a Cataluña se habrá dirigido un torpedo letal contra el sistema de la Inspección de Trabajo y Seguridad Social española que ha funcionado de una manera eficaz y eficiente hasta ahora.

Los que recurrentemente se empeñan en hacer, en la terminología al uso de la Cámara catalana, “leyes de País” estarán satisfechos porque con la creación de la Agencia se pondrá una nueva piedra para la construcción del “espacio catalán de relaciones laborales”. En cambio, los que defendemos los intereses de los trabajadores, los que nos preocupamos por su seguridad, los que estamos interesados en hacer valer los principios tuitivos del Derecho del Trabajo y de la Seguridad Social no tendremos nada que celebrar.

A la consejera de Trabajo de la Generalidad, Mar Serna, palentina de origen, se le ha ido la mano a la hora de desarrollar el Estatuto de Autonomía. El artículo 170 transfiere la dependencia orgánica de los funcionarios de la Inspección y ella ha despachado un proyecto de Ley que pone las bases de un modelo propio de Inspección de Trabajo para Cataluña con unos principios rectores específicos.

En momentos de crisis, en los que la política de austeridad, debiera evitar la creación de órganos innecesarios se impulsa una nueva Agencia que conllevará una nueva remesa de altos cargos (presidente, director, Consejo de Gobierno, Comisión de seguimiento del Consejo de Gobierno). Además, se quiere aprobar un cuerpo propio de la inspección catalana: el Cuerpo de Subinspección de Seguridad y Salud en el Trabajo.

El resultado de todo ello es que el eficaz sistema único e integrado, generalista, de la Inspección de Trabajo en toda España será sustituido, en una nueva ronda de café para todos, por diversos sistemas de subinspección de carácter autonómico, con el consiguiente fraccionamiento de la coordinación y colaboración de los inspectores a nivel nacional. Una ronda que, una vez más, correrá a cuenta de los ciudadanos españoles.

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