Debate realizado en BTV.
jueves, 29 de enero de 2009
viernes, 23 de enero de 2009
Política exterior catalana.
Un artículo de Arcadi Espada, en El Mundo.
El arbitrario vaivén con que el periodismo encara la realidad (y que tanto ha hecho para disminuir su crédito) ha dejado en segundo plano el escandaloso viaje del vicepresidente Carod a Nueva York. El escándalo tiene vertientes distintas. De tipo grotesco, como el de la coincidencia con la proclamación de Obama. De tipo económico, como esa nueva bofetada de decenas de miles de euros que se estrellará contra la cara de los ciudadanos, gracias a la ontológica caradura de la política catalana. De tipo intelectual, como el que provoca la lectura de la conferencia que el vicepresidente pronunció en la Universidad de Nueva York, una suerte de enrojecedoras ridiculeces ensartadas, para cuyo aprecio basta con reproducir la última cuenta del collar: «Las decisiones ya no pueden ser tomadas sólo por los Estados, sólo por unos cuantos estados, sólo por los gobiernos ni tampoco, ni sobre todo, sólo en masculino.» Sobre todo, subrayó, y lo hizo en la Universidad de Nueva York.
Sin embargo todos esos escándalos empalidecen ante el escándalo político. La web del vicepresidente se abre, a las horas en que escribo, con este titular: «El vicepresidente del Govern reivindica la construcció d’una política internacional pròpia catalana», un oxímoron cuyo calado se advierte con sólo pensar en la influencia e importancia de la política internacional española. Es, en cualquier caso, un titular coherente con la conferencia y con la actividad pública de Carod en sus días neoyorquinos, destinados al lubricante ejercicio de la apología de Catalunya mediante el desprecio de España. La cuestión crucial, sin embargo, no es lo que haga Carod, ni siquiera lo que haga don José Montilla. Ambos son consecuentes nacionalistas, trabajan en función de los intereses de una élite local y el primer interés de la élite y de lo local es el debilitamiento de los vínculos con lo general. La cuestión realmente crucial (y asombrosa) es lo que está haciendo el presidente del Gobierno ante el despliegue de la política internacional catalana.
Un gobierno regional destina dinero y emociones a actividades que rompen el eje constitucional más elemental de cualquier Estado y el gobierno central no sólo las tolera sino que, frecuentemente, les presta apoyo logístico y resignación moral a través de la red diplomática española. Por si fuera poco, y como suele suceder con la política exterior, Gobierno y y Oposición van al unísono: aún se espera que el Partido Popular sea capaz de llevar este asunto al debate político español. Aún a riesgo de ganar votos, desde luego.
El arbitrario vaivén con que el periodismo encara la realidad (y que tanto ha hecho para disminuir su crédito) ha dejado en segundo plano el escandaloso viaje del vicepresidente Carod a Nueva York. El escándalo tiene vertientes distintas. De tipo grotesco, como el de la coincidencia con la proclamación de Obama. De tipo económico, como esa nueva bofetada de decenas de miles de euros que se estrellará contra la cara de los ciudadanos, gracias a la ontológica caradura de la política catalana. De tipo intelectual, como el que provoca la lectura de la conferencia que el vicepresidente pronunció en la Universidad de Nueva York, una suerte de enrojecedoras ridiculeces ensartadas, para cuyo aprecio basta con reproducir la última cuenta del collar: «Las decisiones ya no pueden ser tomadas sólo por los Estados, sólo por unos cuantos estados, sólo por los gobiernos ni tampoco, ni sobre todo, sólo en masculino.» Sobre todo, subrayó, y lo hizo en la Universidad de Nueva York.
Sin embargo todos esos escándalos empalidecen ante el escándalo político. La web del vicepresidente se abre, a las horas en que escribo, con este titular: «El vicepresidente del Govern reivindica la construcció d’una política internacional pròpia catalana», un oxímoron cuyo calado se advierte con sólo pensar en la influencia e importancia de la política internacional española. Es, en cualquier caso, un titular coherente con la conferencia y con la actividad pública de Carod en sus días neoyorquinos, destinados al lubricante ejercicio de la apología de Catalunya mediante el desprecio de España. La cuestión crucial, sin embargo, no es lo que haga Carod, ni siquiera lo que haga don José Montilla. Ambos son consecuentes nacionalistas, trabajan en función de los intereses de una élite local y el primer interés de la élite y de lo local es el debilitamiento de los vínculos con lo general. La cuestión realmente crucial (y asombrosa) es lo que está haciendo el presidente del Gobierno ante el despliegue de la política internacional catalana.
Un gobierno regional destina dinero y emociones a actividades que rompen el eje constitucional más elemental de cualquier Estado y el gobierno central no sólo las tolera sino que, frecuentemente, les presta apoyo logístico y resignación moral a través de la red diplomática española. Por si fuera poco, y como suele suceder con la política exterior, Gobierno y y Oposición van al unísono: aún se espera que el Partido Popular sea capaz de llevar este asunto al debate político español. Aún a riesgo de ganar votos, desde luego.
jueves, 22 de enero de 2009
Malgastando en Nueva York
Un artículo de Francesc de Carreras en La Vanguardia.
Según La Vanguardia de ayer, "el mismo día y a la misma hora en la que se celebraba en Washington la investidura de Barack Obama a la presidencia de Estados Unidos, el vicepresident del Govern, Josep Lluís Carod-Rovira, dictó una conferencia en la Universidad de Nueva York". A eso se le llama oportunidad: de nuevo un incidente ridículo del Gobierno tripartito. La noticia no da cuenta del número de asistentes a tan apasionante conferencia.
El año tiene 365 días. El 20 de enero, según es tradición, juran solemnemente el cargo todos los nuevos presidentes. Además, este año, por razones obvias, era de prever que el acto tendría una especial resonancia. Pues bien, este fue precisamente el día escogido por Carod para pronunciar su conferencia. Al día siguiente, ayer, se inauguró la nueva delegación del Govern de la Generalitat, más conocida por embajada de Catalunya, según la jerga habitual. Dejando al margen la oportunidad del día elegido -en definitiva, una anécdota más-, la ocasión puede servir para reflexionar un poco sobre la eficacia, el coste y la rentabilidad de estas delegaciones.
Es indudable que la Generalitat, como los gobiernos de las demás comunidades autónomas, tiene competencias que alcanzan más allá de nuestras fronteras. Es el caso de las competencias relacionadas con la ayuda a las empresas industriales, comerciales o turísticas. Es natural que en estas materias -quizás también en alguna otra, como cultura- la Generalitat promueva alguna oficina en el exterior que pueda ayudar al desarrollo económico y social de nuestra comunidad autónoma. Se dice que agencias de la Generalitat como el Cidem y el Copca, con representación en el exterior, han dado muestras de eficacia.
Ahora bien, a estas delegaciones, especializadas en competencias concretas, el Govern Montilla ha añadido un tipo de delegación distinto, con un carácter político, difícilmente justificable, tanto porque la Generalitat carece de competencias en la materia, como porque constituyen un gasto público inútil. Este es el caso de la nueva delegación de Nueva York, antes lo han sido las delegaciones de París, Berlín o Londres, y próximamente se anuncian las de México y Buenos Aires, todas ellas dependientes del Departament de la Vicepresidència. Las relaciones internacionales son una competencia exclusiva del Estado -como es habitual en todos los estados federales- y no se sabe muy bien cuáles pueden ser las tareas que desempeñen estas oficinas exteriores, a pesar de que oficialmente se les asigne una larga lista de funciones, tan extensa como inconcreta.
No obstante, algunos síntomas empiezan a indicar que estas delegaciones están pensadas en clave política, para ejercer unas relaciones internacionales en que la Generalitat no es competente, más que para ejercer las funciones que le son propias. Un primer síntoma fue la penosa reacción de Carod en el asunto The Economist, diciendo que con una delegación propia, eso -el ejercicio del derecho a la información- no hubiera ocurrido. Un segundo síntoma es la personalidad de los delegados: el hermano de Carod-Rovira en París; el delegado en Londres estuvo trabajando en el partido independentista escocés y es el autor de una tesis doctoral sobre la materia; el de Nueva York, Andrew Davis, ha sido hasta hace muy poco un becario de la Generalitat para estudiar el nacionalismo en Escocia y Catalunya. En definitiva, se trata de personajes atípicos en una Administración, con un perfil más cercano al intelectual político que a un funcionario.
El síntoma definitivo ha sido la conferencia de Carod en Nueva York, más propia de un megalómano que de un gobernante serio. Tras decir que Catalunya ha sido "la puerta de entrada casi exclusiva de la modernidad científica, cultural, política y socioeconómica a la península Ibérica, en la que también están España y Portugal", idealizó al Principado catalán medieval diciendo que "tuvo su Parlamento mucho antes que Inglaterra y fue uno de los primeros pueblos en someter el poder absoluto de los monarcas a las reglas de las constituciones (...) e inventó también el embrión de las modernas embajadas con su Consolat de Mar, una mezcla de embajada y delegación comercial que extendió por todo el Mediterráneo". ¡En qué estaría pensando! Y concluyó: "El pueblo de Catalunya quiere que su gobierno tenga política internacional y que aborde con criterio propio los grandes debates del mundo del siglo XXI". Estupefacto, diría yo, está la mayoría del pueblo de Catalunya ante tamañas sandeces que, a pesar de ser ya habituales, no dejan de avergonzarnos.
Vamos a ver. Una comunidad autónoma es -como cualquier otro poder público- una organización sufragada con impuestos de los ciudadanos para conseguir unos fines establecidos en las leyes. El gobierno de una comunidad no puede desviarse de estos fines, no puede utilizar su cargo para proyectar su ideología. El señor Carod quiere que Catalunya sea un Estado independiente y está en su derecho de pensarlo y decirlo. Pero como gobernante no puede utilizar los recursos públicos para actuar como si Catalunya, una comunidad autónoma, fuera ya un Estado.
Esta nostalgia de un Estado propio es lo que determina estas injustificables políticas, aún menos legítimas cuando, en tiempos de crisis, se pide una mejora de la financiación. En tiempos de crisis, la financiación se mejora ahorrando en lo superfluo y, en todo caso, se empeora derrochando.
Según La Vanguardia de ayer, "el mismo día y a la misma hora en la que se celebraba en Washington la investidura de Barack Obama a la presidencia de Estados Unidos, el vicepresident del Govern, Josep Lluís Carod-Rovira, dictó una conferencia en la Universidad de Nueva York". A eso se le llama oportunidad: de nuevo un incidente ridículo del Gobierno tripartito. La noticia no da cuenta del número de asistentes a tan apasionante conferencia.
El año tiene 365 días. El 20 de enero, según es tradición, juran solemnemente el cargo todos los nuevos presidentes. Además, este año, por razones obvias, era de prever que el acto tendría una especial resonancia. Pues bien, este fue precisamente el día escogido por Carod para pronunciar su conferencia. Al día siguiente, ayer, se inauguró la nueva delegación del Govern de la Generalitat, más conocida por embajada de Catalunya, según la jerga habitual. Dejando al margen la oportunidad del día elegido -en definitiva, una anécdota más-, la ocasión puede servir para reflexionar un poco sobre la eficacia, el coste y la rentabilidad de estas delegaciones.
Es indudable que la Generalitat, como los gobiernos de las demás comunidades autónomas, tiene competencias que alcanzan más allá de nuestras fronteras. Es el caso de las competencias relacionadas con la ayuda a las empresas industriales, comerciales o turísticas. Es natural que en estas materias -quizás también en alguna otra, como cultura- la Generalitat promueva alguna oficina en el exterior que pueda ayudar al desarrollo económico y social de nuestra comunidad autónoma. Se dice que agencias de la Generalitat como el Cidem y el Copca, con representación en el exterior, han dado muestras de eficacia.
Ahora bien, a estas delegaciones, especializadas en competencias concretas, el Govern Montilla ha añadido un tipo de delegación distinto, con un carácter político, difícilmente justificable, tanto porque la Generalitat carece de competencias en la materia, como porque constituyen un gasto público inútil. Este es el caso de la nueva delegación de Nueva York, antes lo han sido las delegaciones de París, Berlín o Londres, y próximamente se anuncian las de México y Buenos Aires, todas ellas dependientes del Departament de la Vicepresidència. Las relaciones internacionales son una competencia exclusiva del Estado -como es habitual en todos los estados federales- y no se sabe muy bien cuáles pueden ser las tareas que desempeñen estas oficinas exteriores, a pesar de que oficialmente se les asigne una larga lista de funciones, tan extensa como inconcreta.
No obstante, algunos síntomas empiezan a indicar que estas delegaciones están pensadas en clave política, para ejercer unas relaciones internacionales en que la Generalitat no es competente, más que para ejercer las funciones que le son propias. Un primer síntoma fue la penosa reacción de Carod en el asunto The Economist, diciendo que con una delegación propia, eso -el ejercicio del derecho a la información- no hubiera ocurrido. Un segundo síntoma es la personalidad de los delegados: el hermano de Carod-Rovira en París; el delegado en Londres estuvo trabajando en el partido independentista escocés y es el autor de una tesis doctoral sobre la materia; el de Nueva York, Andrew Davis, ha sido hasta hace muy poco un becario de la Generalitat para estudiar el nacionalismo en Escocia y Catalunya. En definitiva, se trata de personajes atípicos en una Administración, con un perfil más cercano al intelectual político que a un funcionario.
El síntoma definitivo ha sido la conferencia de Carod en Nueva York, más propia de un megalómano que de un gobernante serio. Tras decir que Catalunya ha sido "la puerta de entrada casi exclusiva de la modernidad científica, cultural, política y socioeconómica a la península Ibérica, en la que también están España y Portugal", idealizó al Principado catalán medieval diciendo que "tuvo su Parlamento mucho antes que Inglaterra y fue uno de los primeros pueblos en someter el poder absoluto de los monarcas a las reglas de las constituciones (...) e inventó también el embrión de las modernas embajadas con su Consolat de Mar, una mezcla de embajada y delegación comercial que extendió por todo el Mediterráneo". ¡En qué estaría pensando! Y concluyó: "El pueblo de Catalunya quiere que su gobierno tenga política internacional y que aborde con criterio propio los grandes debates del mundo del siglo XXI". Estupefacto, diría yo, está la mayoría del pueblo de Catalunya ante tamañas sandeces que, a pesar de ser ya habituales, no dejan de avergonzarnos.
Vamos a ver. Una comunidad autónoma es -como cualquier otro poder público- una organización sufragada con impuestos de los ciudadanos para conseguir unos fines establecidos en las leyes. El gobierno de una comunidad no puede desviarse de estos fines, no puede utilizar su cargo para proyectar su ideología. El señor Carod quiere que Catalunya sea un Estado independiente y está en su derecho de pensarlo y decirlo. Pero como gobernante no puede utilizar los recursos públicos para actuar como si Catalunya, una comunidad autónoma, fuera ya un Estado.
Esta nostalgia de un Estado propio es lo que determina estas injustificables políticas, aún menos legítimas cuando, en tiempos de crisis, se pide una mejora de la financiación. En tiempos de crisis, la financiación se mejora ahorrando en lo superfluo y, en todo caso, se empeora derrochando.
lunes, 19 de enero de 2009
Un padre denuncia al Síndic de Greuges la falta de libros de texto en castellano en Cataluña
Supuestamente está escolarizado en su lengua materna, el castellano, aunque acude a una clase en la que el profesor habla catalán. Su padre sólo ha conseguido que, tras la lección, el niño reciba una atención personalizada en castellano, un pequeño resumen de lo que antes se ha explicado al conjunto y que el pequeño tampoco ha podido seguir en un libro de texto en castellano. Porque ese manual no existe. Y ahí empieza una nueva odisea para el padre, que decidió pedir amparo al Síndic de Greuges, Rafael Ribó. Pero no lo ha conseguido.
Según el Síndic, en Cataluña, un padre puede conseguir que su hijo reciba la educación en castellano hasta los ocho años si ésta es su lengua materna, pero no hay una ley o normativa que pueda garantizarle los libros de texto en versión castellana que utiliza el resto de la clase, con lo que tampoco se puede obligar a la Generalitat a que los comercialice.
Esta es la respuesta del Síndic a Eduardo L., un padre de Barcelona, cuyo hijo acude a una escuela concertada de la ciudad donde las clases se imparten en catalán. Y, aunque ha logrado que su hijo reciba un trato personalizado en castellano, no tiene libros en este idioma compatibles con los del resto de la clase.
Tras una cruzada contra la Generalitat que ha durado más de un año, el Defensor del Pueblo catalán le remitió una carta, el 30 de octubre de 2008, en la que afirma que, aunque el catalán es la lengua vehicular de la enseñanza, y aún existiendo el derecho de los alumnos a recibir la primera enseñanza en su lengua habitual -que marca la Ley 1/1998, de 7 de enero, de política lingüística- la normativa «no establece los medios para hacerla efectiva (como obligar a las editoriales a disponer de una traducción al castellano del material didáctico) y por tanto el hecho de concretarlos forma parte de la discrecionalidad reservada a la Administración, sin que se le pueda imponer una manera determinada de hacerlo». Dicho esto, anuncia que no existe una actuación «irregular» y concluye su intervención.
Eduardo tiene tres hijos. Uno de ellos comenzó a estudiar primero de Primaria en 2007 en un colegio de Barcelona, cuyo nombre prefiere proteger «porque la dirección está haciendo muchos esfuerzos por mis hijos». Debido a la edad del niño, la ley le permite recibir las clases en su lengua materna -en su caso, el castellano-, y el padre concertó con el colegio que así fuera. La sorpresa llegó cuando Eduardo vio que no había libros en castellano cuyos contenidos se correspondieran con los de sus compañeros. «Y así resulta imposible seguir una clase», afirma.
Ante la situación, Eduardo acudió al Síndic de Greuges para denunciar su caso y buscar ayuda. En su carta, enviada en junio de 2008, el padre se quejaba de que «los libros de texto de las asignaturas de matemáticas, conocimiento del medio y destrezas básicas, que deberían ser impartidas 'con atención personalizada en castellano', sólo tienen versiones en catalán, o bien las versiones en castellano son completamente distintas, por lo que resulta imposible que mi hijo pueda seguir la clase con un libro en castellano».
Argumentaba, también, que «al inicio de curso, tras un mes de consultas a diferentes editoriales», se vio obligado «a comprar los libros en catalán para que al menos -su hijo- tuviera algún material que poder seguir». Añadió que «durante el curso, las fichas que ha recibido mi hijo en clase también han sido exclusivamente en catalán por el mismo motivo». Se puso en contacto con la inspectora del centro, quien dijo que el tema era «preocupante» y que lo trasladaría «a instancias superiores».
El curso fue trascurriendo, pero sin soluciones y sin respuestas del Departament d'Educació -al que también se dirigió- ni del Síndic de Greuges. En su carta al Síndic especificaba que «esta falta de material didáctico en castellano ha dificultado notablemente a los profesores el poder darle a mi hijo ese trato personalizado al que tiene derecho por ley», y critica que «de nada sirve que en teoría exista ese mínimo y ya de por sí restringido derecho a la enseñanza en lengua materna (y cooficial) sólo hasta los ocho años, si después no existen medios para poder ejercerlo». Citando la Ley de Política Lingüística, Eduardo terminaba su misiva recordando que «la Generalitat debe poner los medios para que se pueda ejercer ese derecho a la enseñanza en la lengua materna y cooficial», y solicitó que el Departament d'Educació «dé las instrucciones pertienentes a todas las editoriales» para que dispongan de versiones en castellano de sus libros de texto y material escolar infantil, primero y segundo de Primaria, «y así poder ejercer el derecho a la enseñanza en lengua castellana, cooficial en Cataluña y materna de alrededor el 50% de su población».
Pero no hubo respuesta, y en junio de 2008, ya acabado el curso, el padre recibió la lista de reservas de libros de cara al nuevo curso -segundo de Primaria- «y nuevamente los libros son en catalán», volvió a escribir al Síndic el 14 de octubre de 2008, por lo que temía una repetición del problema. Por entonces, ya había comprado los libros en catalán que el colegio le «recomendó».
En su segunda carta al Defensor hacía constar que «mi hija pequeña está cursando P-5; es decir, el año que viene hará primero de Primaria, por lo que nos encontraremos nuevamente con el mismo problema».
Finalmente, el 30 de octubre Eduardo recibió la carta del Síndic. En ella, Ribó admitía que Eduardo «siempre ha manifestado comprensión por lo que se refiere a la dificultad que comporta para el centro la individualización de la enseñanza en castellano, a la vez que ha reconocido que los profesores y la dirección ponen todos los medios».
Estos consistían, recordaba el Defensor, en que a la niña que cursaba P-4 «se le proporcionó material de la editorial SM en castellano», y en lo que se refiere al aprendizaje de lecto-escritura, «la tutora se encargó de adaptar al castellano el método propio de la escuela». En el caso del niño que cursaba primero de Primaria, «se le facilitó el texto de religión de la editorial SM en castellano y respecto de los textos de Medio Natural y Matemáticas de la editorial Cruïlla (en catalán) la maestra realizaba un resumen en castellano y recibía una hora de apoyo semanal en el aula».
El Síndic recordó, también, que «ustedes, como progenitores, optaron por adquirir los libros en catalán dado que los libros de las materias antes citadas de la editorial SM y que están en castellano tenían un contenido diferente del de la línea catalana (editorial Cruïlla)»; y que «para el curso actual, Educación expone que la escuela ha reforzado las horas de apoyo».
La inspección del centro admite que «el tema es preocupante»
Cuando Eduardo L. comenzó a ponerse en contacto con el Síndic de Greuges y el Departament d'Educació de la Generalitat para pedir ayuda para solucionar el problema que sufría su hijo, también contactó con la inspectora del colegio, perteneciente a la red de centros de la Generalitat. La profesional le remitió un escrito en el que hacía constar que «el tema que exponen es preocupante; ya me lo había comentado el director de primaria de la escuela».
En vista a su respuesta, en la segunda carta que el padre remitió al Defensor del Pueblo catalán, tras conocer el archivo de su intervención sobre este caso, el padre criticaba que «a la inspectora este tema le parece preocupante y sin embargo a usted le parece normal, no le preocupa lo más mínimo y niega a los que hemos pedido la enseñanza en castellano el poder disponer de libros y material escolar en esa lengua».
Replica, además, la carta del Síndic afirmando que su hijo «no recibía ninguna hora de apoyo semanal extra»; «no se nos facilitó el libro de Religión en castellano porque lo tuvimos que comprar por nuestra cuenta fuera de Cataluña», y que «no optamos a comprar el de Medio Natural y Matemáticas en catalán», sosteniendo que «nos vimos forzados a comprarlo en catalán para que al menos nuestro hijo tuviera algo», hecho que asegura Eduardo L. ha tenido que volver a hacer este curso.
Según el Síndic, en Cataluña, un padre puede conseguir que su hijo reciba la educación en castellano hasta los ocho años si ésta es su lengua materna, pero no hay una ley o normativa que pueda garantizarle los libros de texto en versión castellana que utiliza el resto de la clase, con lo que tampoco se puede obligar a la Generalitat a que los comercialice.
Esta es la respuesta del Síndic a Eduardo L., un padre de Barcelona, cuyo hijo acude a una escuela concertada de la ciudad donde las clases se imparten en catalán. Y, aunque ha logrado que su hijo reciba un trato personalizado en castellano, no tiene libros en este idioma compatibles con los del resto de la clase.
Tras una cruzada contra la Generalitat que ha durado más de un año, el Defensor del Pueblo catalán le remitió una carta, el 30 de octubre de 2008, en la que afirma que, aunque el catalán es la lengua vehicular de la enseñanza, y aún existiendo el derecho de los alumnos a recibir la primera enseñanza en su lengua habitual -que marca la Ley 1/1998, de 7 de enero, de política lingüística- la normativa «no establece los medios para hacerla efectiva (como obligar a las editoriales a disponer de una traducción al castellano del material didáctico) y por tanto el hecho de concretarlos forma parte de la discrecionalidad reservada a la Administración, sin que se le pueda imponer una manera determinada de hacerlo». Dicho esto, anuncia que no existe una actuación «irregular» y concluye su intervención.
Eduardo tiene tres hijos. Uno de ellos comenzó a estudiar primero de Primaria en 2007 en un colegio de Barcelona, cuyo nombre prefiere proteger «porque la dirección está haciendo muchos esfuerzos por mis hijos». Debido a la edad del niño, la ley le permite recibir las clases en su lengua materna -en su caso, el castellano-, y el padre concertó con el colegio que así fuera. La sorpresa llegó cuando Eduardo vio que no había libros en castellano cuyos contenidos se correspondieran con los de sus compañeros. «Y así resulta imposible seguir una clase», afirma.
Ante la situación, Eduardo acudió al Síndic de Greuges para denunciar su caso y buscar ayuda. En su carta, enviada en junio de 2008, el padre se quejaba de que «los libros de texto de las asignaturas de matemáticas, conocimiento del medio y destrezas básicas, que deberían ser impartidas 'con atención personalizada en castellano', sólo tienen versiones en catalán, o bien las versiones en castellano son completamente distintas, por lo que resulta imposible que mi hijo pueda seguir la clase con un libro en castellano».
Argumentaba, también, que «al inicio de curso, tras un mes de consultas a diferentes editoriales», se vio obligado «a comprar los libros en catalán para que al menos -su hijo- tuviera algún material que poder seguir». Añadió que «durante el curso, las fichas que ha recibido mi hijo en clase también han sido exclusivamente en catalán por el mismo motivo». Se puso en contacto con la inspectora del centro, quien dijo que el tema era «preocupante» y que lo trasladaría «a instancias superiores».
El curso fue trascurriendo, pero sin soluciones y sin respuestas del Departament d'Educació -al que también se dirigió- ni del Síndic de Greuges. En su carta al Síndic especificaba que «esta falta de material didáctico en castellano ha dificultado notablemente a los profesores el poder darle a mi hijo ese trato personalizado al que tiene derecho por ley», y critica que «de nada sirve que en teoría exista ese mínimo y ya de por sí restringido derecho a la enseñanza en lengua materna (y cooficial) sólo hasta los ocho años, si después no existen medios para poder ejercerlo». Citando la Ley de Política Lingüística, Eduardo terminaba su misiva recordando que «la Generalitat debe poner los medios para que se pueda ejercer ese derecho a la enseñanza en la lengua materna y cooficial», y solicitó que el Departament d'Educació «dé las instrucciones pertienentes a todas las editoriales» para que dispongan de versiones en castellano de sus libros de texto y material escolar infantil, primero y segundo de Primaria, «y así poder ejercer el derecho a la enseñanza en lengua castellana, cooficial en Cataluña y materna de alrededor el 50% de su población».
Pero no hubo respuesta, y en junio de 2008, ya acabado el curso, el padre recibió la lista de reservas de libros de cara al nuevo curso -segundo de Primaria- «y nuevamente los libros son en catalán», volvió a escribir al Síndic el 14 de octubre de 2008, por lo que temía una repetición del problema. Por entonces, ya había comprado los libros en catalán que el colegio le «recomendó».
En su segunda carta al Defensor hacía constar que «mi hija pequeña está cursando P-5; es decir, el año que viene hará primero de Primaria, por lo que nos encontraremos nuevamente con el mismo problema».
Finalmente, el 30 de octubre Eduardo recibió la carta del Síndic. En ella, Ribó admitía que Eduardo «siempre ha manifestado comprensión por lo que se refiere a la dificultad que comporta para el centro la individualización de la enseñanza en castellano, a la vez que ha reconocido que los profesores y la dirección ponen todos los medios».
Estos consistían, recordaba el Defensor, en que a la niña que cursaba P-4 «se le proporcionó material de la editorial SM en castellano», y en lo que se refiere al aprendizaje de lecto-escritura, «la tutora se encargó de adaptar al castellano el método propio de la escuela». En el caso del niño que cursaba primero de Primaria, «se le facilitó el texto de religión de la editorial SM en castellano y respecto de los textos de Medio Natural y Matemáticas de la editorial Cruïlla (en catalán) la maestra realizaba un resumen en castellano y recibía una hora de apoyo semanal en el aula».
El Síndic recordó, también, que «ustedes, como progenitores, optaron por adquirir los libros en catalán dado que los libros de las materias antes citadas de la editorial SM y que están en castellano tenían un contenido diferente del de la línea catalana (editorial Cruïlla)»; y que «para el curso actual, Educación expone que la escuela ha reforzado las horas de apoyo».
La inspección del centro admite que «el tema es preocupante»
Cuando Eduardo L. comenzó a ponerse en contacto con el Síndic de Greuges y el Departament d'Educació de la Generalitat para pedir ayuda para solucionar el problema que sufría su hijo, también contactó con la inspectora del colegio, perteneciente a la red de centros de la Generalitat. La profesional le remitió un escrito en el que hacía constar que «el tema que exponen es preocupante; ya me lo había comentado el director de primaria de la escuela».
En vista a su respuesta, en la segunda carta que el padre remitió al Defensor del Pueblo catalán, tras conocer el archivo de su intervención sobre este caso, el padre criticaba que «a la inspectora este tema le parece preocupante y sin embargo a usted le parece normal, no le preocupa lo más mínimo y niega a los que hemos pedido la enseñanza en castellano el poder disponer de libros y material escolar en esa lengua».
Replica, además, la carta del Síndic afirmando que su hijo «no recibía ninguna hora de apoyo semanal extra»; «no se nos facilitó el libro de Religión en castellano porque lo tuvimos que comprar por nuestra cuenta fuera de Cataluña», y que «no optamos a comprar el de Medio Natural y Matemáticas en catalán», sosteniendo que «nos vimos forzados a comprarlo en catalán para que al menos nuestro hijo tuviera algo», hecho que asegura Eduardo L. ha tenido que volver a hacer este curso.
Personas o territorios.
Me he quedado de una pieza al leer que el equipo económico que dirige el vicepresidente Pedro Solbes asegura que, con el actual sistema de financiación, en una autonomía como Asturias, si todos sus ciudadanos se fueran de golpe a otra comunidad, el principado seguiría recibiendo curiosamente los mismos recursos al año siguiente.
Algo falla y es responsabilidad de la ciudadanía echar a los culpables.
Algo falla y es responsabilidad de la ciudadanía echar a los culpables.
domingo, 18 de enero de 2009
jueves, 15 de enero de 2009
Dani Pedrosa campeón catalán y por lo tanto campeón español.
El motociclista Dani Pedrosa ha declarado a la revista Elle: "La perseverancia es un valor muy español" y añade: "el orgullo español lo vivimos con menos intensidad que en otros países, aunque cuando ves vibrar a la afición es imposible no sentirlo".
Dani es del Vallès, por lo tanto es catalán y por supuesto español.
viernes, 9 de enero de 2009
Menos lengua y más médicos.
Ibiza reparte palitos de madera para "curar" al que hable español. El Ayuntamiento de la isla se ha gastado 3.500 euros en sacarle la lengua a los vecinos en un cartel. Se trata de la última campaña de búsqueda de voluntarios lingüísticos...Del catalán, por supuesto.
miércoles, 7 de enero de 2009
martes, 6 de enero de 2009
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