Editorial de El Mundo.
Es inconcebible que Montilla impulse tal persecución del castellano con una política que sirve a los intereses de los sectores independentistas
Es grave que el mismo PSOE que defiende el bilingüismo en el País Vasco se proponga convertir Cataluña en monolingüe. Es inconcebible que Montilla impulse tal persecución del castellano con una política que sirve a los intereses de los sectores independentistas, que no ocultan su intención de caminar hacia el soberanismo a partir del control de la educación.
La comisión de Educación del Parlamento catalán aprobó ayer el proyecto de nueva Ley de Educación, último trámite antes de que el Pleno de la Cámara autonómica lo ratifique. Esta iniciativa supone un desafío al Estado de magnitud equivalente a la del inconstitucional Plan Ibarretxe, puesto que supone de hecho una declaración unilateral de independencia en materia educativa.
La norma desprecia las leyes del Estado, las sentencias judiciales y hasta el nuevo Estatuto y la propia Constitución, en lo que supone un paso decidido hacia el monolingüismo. De entrada, niega -ahora ya por ley y no sólo por la vía de los hechos consumados, como ha venido sucediendo- el derecho de los padres a elegir la lengua en la que quieren escolarizar a sus hijos, e impone el catalán incluso en el recreo y en las actividades escolares que se desarrollan fuera del aula.
La nueva norma sustituirá a la ya cicatera Ley de Política Lingüística catalana de 1998 que garantizaba el derecho de los padres -en la práctica incumplido sistemáticamente- a escolarizar a los niños en castellano hasta los ocho años. Más aún, ignora la obligación de garantizar un mínimo de tres horas de clase a la semana de castellano, precepto incluido en la Ley de Educación aprobada por el Gobierno central en 2006. De esta forma, la lengua que comparten todos los españoles pasará a tener en Cataluña una consideración inferior a la lengua extranjera, ya que tendrá menor uso lectivo que el inglés.
Además, la nueva ley catalana incumple la sentencia del Supremo que obliga a la Generalitat a ofrecer la opción de estudiar en español. El Alto Tribunal falló en 2008 que la Administración tiene que ofrecer formularios para que los padres elijan en qué lengua quieren escolarizar a sus hijos y velar para que esos derechos «no sean meramente teóricos o ilusorios sino reales y efectivos». Más aún, pese a que el Estatuto establece como «compartida» la competencia en esta materia, los diputados han pasado a considerarla como exclusiva a la hora de legislar. Y todo ello aun cuando -parece una broma recordarlo a estas alturas- la enseñanza en castellano es un derecho básico reconocido en la Constitución.
Las manifestaciones de ayer del diputado de ERC Freixanet tras aprobarse el texto en comisión, en el sentido de que la ley «servirá para la construcción nacional del país», revela hasta qué punto se utiliza la educación como instrumento al servicio de objetivos políticos y no al servicio de los ciudadanos de una sociedad que es bilingüe. Es este mismo proyecto de ley el que incluye entre sus principios, tal y como revelamos hace un mes, que entre el alumnado «se cultivará el sentimiento de pertenencia como miembros de la nación catalana».
Es inconcebible que el Tribunal Constitucional siga sin confirmar, tres años después, que el Estatuto se aparta de la Carta Magna, como resulta obvio en este punto. La negligente, irresponsable e inmoral demora de los jueces a la hora de resolver un asunto capital para el modelo de Estado, de convivencia y de garantía de derechos y libertades, ha sido aprovechada por los nacionalistas para radicalizar la política educativa.
Lo grave es que el mismo PSOE que defiende el bilingüismo en el País Vasco se propone convertir Cataluña en monolingüe. Es inconcebible que Montilla impulse tal persecución del castellano con una política que sirve a los intereses de los sectores independentistas, que no ocultan su intención de caminar hacia el soberanismo a partir del control de la educación. Y qué decir de la histórica torpeza de la necia frivolidad de Zapatero, que dio alas a esta deriva desde el mismo momento en que aceptó que el Estatuto consagrara el catalán como única lengua «vehicular».
