Plataforma per la Llengua ‘normalizará’ a inmigrantes latinoamericanos

http://www.vozbcn.com/2009/09/30/8460/plataforma-llengua-normalizara-latinoamericanos/

No hay lenguas minoritarias

Jesús Royo en La Voz Libre.


No hay lenguas minoritarias per se, sino en relación a un medio o a una actividad. El español es mayoritario en España, pero minoritario en USA y Filipinas. El catalán es minoritario en España y en el cine, pero es mayoritario en Vic (Barcelona), en la Administración y la escuela. Decir que en el Parlament -donde el catalán es lengua única- se protege al catalán por ser una lengua minoritaria es -como mínimo- un sarcasmo. ¡Anda ya!

Lo correcto, en todo caso, sería reclamar la protección, no del catalán, sino de la lengua minoritaria, sea cual sea en cada caso. Eso implica la protección del castellano allá donde esté en un estado precario. Por ejemplo, se debería potenciar la imagen social del castellano como lengua hermosa, apta para la Administración y para la ciencia. En la Cataluña actual, la frase "el castellano es una lengua hermosa" es algo clandestino. Los alumnos catalanes, por obra de la inmersión, apenas pueden construir un texto científico en castellano. Tienen una idea del castellano de que es la lengua de la calle o de casa, pero no de la ciencia.

Y sobre todo, hay que reforzar el castellano como lengua catalana que es, apta para usarla en Cataluña, en todos los ámbitos y sin complejos. Habría que potenciar el castellano para hablar del Parlament -sería el Parlamento de Cataluña-, el Govern -o sea, el Gobierno catalán-, Gerona, Lérida, el Ebro, los Pirineos, Tortosa -pronunciado con dos ‘os’ y ‘ese’ sorda-, etcétera. Habría que dar el nombre de las calles en las dos lenguas: Consejo de Ciento, Cortes Catalanas... Que los castellano hablantes sintamos a Cataluña tan nuestra como los catalano hablantes. El castellano debe dejar de ser la lengua de la pobreza y del fracaso social y, asimismo, la lengua extranjera o anticatalana. Eso también es normalización lingüística y debería ser tarea urgente de una Generalitat de todos.

También se suele equiparar la protección del catalán con la discriminación positiva de las mujeres: todo son discriminaciones positivas, se dice, para proteger al débil. Cierto, pero la discriminación positiva es provisional por naturaleza y debe acabar cuando el débil consigue la igualdad. No tiene sentido favorecer el acceso de los negros americanos a la liga de baloncesto, porque ya están en ella sin barrera alguna. Sí debe favorecerse que accedan a la política, a las finanzas, a la universidad. Comparar la discriminación positiva de la mujer o de los negros con la del catalán, quizá resulte ofensiva para ellos: la mujer -o el negro- no pediría igualdad si ocupara el cien por cien de los escaños del Parlamento y tuviera en sus manos el 80 por ciento del poder económico, de la enseñanza, la iglesia y la cultura. Seamos serios.

Más bien al revés. Habría que discriminar positivamente al castellano para que entre allí donde no está: en el Parlament, en la escuela, en el poder económico, en los niveles decisorios de la Administración, en los barrios caros, en los viajes de lujo. ¿Por qué no proponemos una ‘ley de paridad’ en las listas electorales? Está bien promocionar que el catalán se hable en Santa Coloma, si al mismo tiempo se promociona el castellano en Olot. Y promocionar que el colomense tenga prioridad para ir de diputado al Parlament. Habría que priorizar el acceso de los castellanos al poder. Eso sí que sería ‘fer país’.

La LEC en particular y el daño ocasionado a la lengua en general

La Generalitat 'nacionaliza' el sur de Francia a través de la Bressola en el centro Pompeu Fabra

http://www.lavozlibre.com/noticias/ampliar/10880/la-generalitat-nacionaliza-el-sur-de-francia-a-traves-de-la-bressola-en-el-centro-pompeu-fabra

Piden al PP que recurra la ley de educación catalana y ni siquiera contesta

Noticia publicada en Libertad Digital


La Asociación por la Tolerancia ha informado este jueves en un comunicado que la pasada semana remitió por escrito una carta dirigida al líder del PP, Mariano Rajoy, pidiéndole que su partido recurriera ante el Tribunal Constitucional la Ley de Educación de Cataluña (LEC), que fue aprobada el pasado 1 de Julio.

Esta ley supone la desaparición del castellano de la enseñanza en la región y la vulneración más absoluta de los derechos de los castellanohablantes.

Como recuerda la Asociación por la Tolerancia, el plazo para la presentación de un recurso finalizará el próximo 1 de Octubre y si bien PP podría hacerlo, por disponer de suficientes diputados en el parlamento nacional, por el momento ni ha presentado dicho recurso, ni ha respondido al escrito que le remitió Asociación por la Tolerancia.

Los movimientos cívicos, o partidos minoritarios como Ciudadanos o UPyD, que ha expresado en reiteradas ocasiones su voluntad de recurrir esta ley, no pueden hacerlo al no disponer de diputados suficientes. Pese a todas estas peticiones, Mariano Rajoy y la actual dirección del PP prefieren mirar para otro lado.

Cuando el PSC se abstiene en realidad está apoyando

http://www.vozbcn.com/2009/09/23/8384/psc-permite-referndo-arbeca/

El japonés

Carta de un lector de El País:

Imagínese que se traslada a mi país, a Japón, con sus hijos en edad escolar. Y escolariza a sus hijos con la ilusión de darles la oportunidad de aprender japonés. Y al escolarizar a sus hijos encuentra que todos los colegios imparten clase en una lengua regional japonesa (también tenemos lenguas regionales, como en casi todos los países). Y que no encuentra ningún colegio con el japonés como lengua vehicular.

Supongo que usted, atónito, preguntaría por qué no existen colegios con la lengua oficial común del Estado. Y le cuentan algo sobre que hay que proteger no sé qué y que es una especie de revancha contra no sé quién que hizo que hace más de 50 años esa lengua regional estuviera perseguida. Y usted sigue sin entender por qué no puede elegir en Japón una educación en la lengua oficial común del Japón, el japonés.

Pues bien, esto me ha ocurrido en Barcelona, donde actualmente no hay ningún colegio con español como lengua vehicular. Ni público, ni concertado, ni privado.

En mi país, todo el mundo entendería que usted no tuviera ningún interés en que sus hijos aprendieran una lengua regional de mi país, pero sí japonés. Y aquí en España, ¿entienden que nosotros queramos aprender español y no catalán.


ATSUSHI FUKAZAWA
Barcelona

Barracones y ordenadores

La opinión de Manuel Trallero


El curso escolar se ha iniciado en Cataluña bajo estas dos premisas. Los barracones, perdón quería decir los módulos prefabricados, en donde se imparten clases, han pasado de los 940 del año pasado a los 1046 de este septiembre. Las autoridades insisten en que los módulos prefabricados no están en malas condiciones y que algunos están francamente mejor que las viejas escuelas.
El gobierno de España reparte ordenadores entre los escolares de forma gratuita. En Cataluña la mitad del coste deberán abonarlos los padres de familia.
¿Será el barracón/ordenador el verdadero hecho diferencial?

ERC no apoya a Madrid 2016 por no pertenecer a los 'Países Catalanes'

http://www.lavozlibre.com/noticias/ampliar/10027/erc-no-apoya-a-madrid-2016-por-no-pertenecer-a-los-paises-catalanes

Autobuses de Barcelona veta una campaña por la libertad lingüística pero acepta otra de la Plataforma per la Llengua

http://www.vozbcn.com/2009/09/18/8319/autobuses-barcelona-campana-plataforma/

Un colegio de Arenys pregunta a los niños si quieren la independencia

http://www.elmundo.es/elmundo/2009/09/17/barcelona/1253211713.html

Los independentistas del PSC

http://politica.e-noticies.cat/un-regidor-del-psc-es-passa-a-reagrupament-32710.html

Estatuto no es constitución.

BENIGNO PENDÁS, Profesor de Historia de las Ideas Políticas en ABC.


Los expertos reconocen el texto de inmediato. Cualquier ciudadano con sentido común asume su contenido. Dice así: «ante todo, resulta claro que la autonomía hace referencia a un poder limitado. En efecto, autonomía no es soberanía -y aun este poder tiene sus límites- y dado que cada organización territorial (...) es una parte del todo, en ningún caso el principio de autonomía puede oponerse al de unidad, sino que es precisamente dentro de éste donde alcanza su verdadero sentido...» (STC 4/1981, de 2 de febrero: el primer leading case del Tribunal, bajo la presidencia de García-Pelayo). El tiempo pasa, pero la norma sigue ahí: España, sujeto constituyente, está integrada por nacionalidades y regiones que son parte constitutiva de la única nación. Siempre digo que la política no es geometría. Me consta también que el lenguaje jurídico admite muchos matices, tal vez demasiados. Sin embargo, todo el mundo conoce las reglas del juego: la Constitución no admite ningún poder originario equiparable a la voluntad soberana del pueblo español. Ni el País Vasco ni Cataluña ni nadie cuentan con un poder constituyente propio o con el sucedáneo postcolonial llamado«derecho de autodeterminación», acaso menos elegante pero igualmente efectivo. Las comunidades autónomas gozan de un ámbito más que generoso de competencias y recursos, superior a veces al que corresponde a los Estados que forman parte de una Federación. Pero donde no hay soberanía, juega la vieja fórmula «quod omnes tangit...»: lo que a todos atañe, por todos debe ser aprobado.
Con relación al nacionalismo identitario, la opinión pública se halla «en estado de indigestión», como en aquel condado sureño que nos regaló William Faulkner. España circula por la historia con un hándicap excesivo, que deja exhaustas las fuerzas y los ánimos de los mejores. A pesar de todo, hemos llegado muy lejos, aunque sería estupendo escribir una narración especulativa (as-if story, se dice ahora) acerca de los éxitos eventuales de una España libre de hipotecas. Confieso que a muchos nos vence la pereza antes de repetir los mismos argumentos. Ninguna fórmula sirve para quienes identifican el origen de su «nación» con el Big Bang, que los científicos sitúan -milenio arriba o abajo- hace sólo quince mil millones de años. Los más flexibles procuran encontrar una salida digna al laberinto: nación sin Estado, nación de naciones, comunidad nacional... Nada vale, excepto la nación con Estado independiente, excluyente y, por supuesto, soberano. Los artificios sobre la gobernanza global y la crisis de Westfalia sólo son útiles para entretener manías académicas. A la hora de la verdad, nación al más puro estilo romántico: «viva, orgánica, natural», decía Prat de la Riba, según la vieja tradición historicista. No es difícil comprender esa mentalidad comunitaria propia de los tradicionalistas a partir de la Europa del XIX. Sorprende, en cambio, la singularidad del caso español: supuestamente ilustrada y racional, la izquierda compite por la búsqueda del Santo Grial nostálgico y localista. Ya nos conocemos todos, y la explicación - aquí y ahora- trae a la mente la eterna fragilidad de nuestra convivencia cívica. Aun así, seguro que ustedes comparten conmigo la sorpresa: los socialistas apelan al Espíritu del Pueblo como fuente del Derecho constitucional.
Las presiones sobre el Alto Tribunal ante una hipotética sentencia negativa para el interés (coyuntural) del Gobierno son fiel reflejo de una visión partidista y particularista frente al interés (general) de todos los españoles. Los magistrados no están libres de culpa por causa de una demora más allá de lo razonable a la hora de dictar la resolución más esperada en estos treinta años. A partir del juramento o promesa en la toma de posesión, el deber principal que incumbe a todo cargo público es guardar y hacer guardar la Constitución. Es muy probable que el estatuto no pueda superar el filtro en unos cuantos elementos sustanciales: el término «nación» en el preámbulo, la relación bilateral entre Estado y Generalitat, una financiación incompatible con el principio de solidaridad o la regulación de la lengua común a todos los españoles. En todo caso, que lo digan los magistrados y que lo expliquen con argumentos al alcance del buen ciudadano en una sociedad democrática. No es tiempo de artilugios jurídicos para iniciados o de «sentencias-río», simple literatura estéril para organizar seminarios en la Universidad. Está en juego el futuro del régimen constitucional de 1978, y cada cual debe ser consciente de su propia responsabilidad, al margen del griterío interesado de los profesionales del poder y sus secuaces. Recuerden unos y otros a Cicerón, siempre de moda: «los magistrados llevan en su persona a la Ciudad misma».
Si no llega el acuerdo de fondo sobre la organización territorial, las próximas generaciones de españoles también perderán su valioso tiempo hablando siempre de lo mismo. Nosotros somos irrecuperables: como decía Robinson Crusoe en su isla, «para mí ya tengo más que suficiente». Sin embargo, espero que nuestros hijos puedan librarse del saco de piedras que nos obligan a cargar. Igual que ante el plan Ibarrexte, el Tribunal tiene la palabra. Confirmar los principios constitucionales equivale a consolidar los cimientos del edificio. La alternativa, dejar hacer para que callen, es perfectamente inútil a medio plazo. Pascual Maragall (buen alcalde, peor president) dijo aquello de que la Constitución era una gran disposición transitoria. Ocurrencia poco feliz, me temo, porque para la inmensa mayoría de los ciudadanos ha sido y es -también será- la forma más razonable y civilizada de ordenar nuestra convivencia colectiva. Habrá que decirlo una y mil veces, aunque la pluma sea renuente a repetir siempre lo mismo. Es fácil advertir que la desilusión política es un rasgo distintivo de la sociedad contemporánea. Hay varias razones, muchas de ellas compartidas con nuestros socios y vecinos europeos. Ésta es de cosecha propia: nada es suficiente para saciar el apetito nacionalista frente a la España constitucional. Tampoco el estatuto, por supuesto...
Aquí seguimos, esperando que llegue la sentencia de un día para otro. Las cuestiones técnico-jurídicas sólo importan a los expertos: derechos más o menos fundamentales en un estatuto o requiebros competenciales en un par de docenas de materias significativas. Salvo de mala fe, nadie puede acusar de «centralismo» a la jurisprudencia constitucional en este terreno. En todo caso, para el Estado democrático, lo importante ahora son los principios. ¿Qué tal si volvemos a leer las primeras líneas? Si no hay soberanía, habrá que adaptarse a la Ley de Leyes, y si el intérprete supremo dice -como es probable- que hay contradicción sólo queda acatar, cumplir y ejecutar. Q. Skinner ha puesto de actualidad los famosos frescos de Siena sobre el «buen gobierno», que muchos conocimos a través -precisamente- de un libro de García-Pelayo. Recuerden para este caso una famosa inscripción: «vencida la justicia, nadie defiende el interés común».

Un charnego, una bala

http://www.vozbcn.com/2009/09/14/8274/palautordera-charnego-una-bala/

Nacionalismo antisistema

Miquel Porta perales en ABC

NO me ha sorprendido lo más mínimo la escasa calidad democrática mostrada por el catalanismo -de derecha o izquierda- ante un posible fallo negativo del Tribunal Constitucional por lo que respecta al Estatuto de Cataluña. En el peor de los casos, el catalanismo coacciona. En el mejor de los casos, el catalanismo invita al fraude de ley. El catalanismo coacciona por partida triple: en primer lugar, cuando advierte -de ello hace ya más de un año- que un fallo negativo del Alto Tribunal comportaría la «desafección» de Cataluña y los catalanes; en segundo lugar, cuando plantea la convocatoria de una manifestación anterior o posterior al fallo; en tercer lugar, cuando pone en circulación la teoría del choque de legitimidades y el pacto político entre España y Cataluña. Veamos. ¿Cómo sabe el catalanismo que un fallo negativo provocaría la desafección de Cataluña y los catalanes? La teoría de la desafección -el catalanismo confunde el deseo y el interés con la realidad- es la prueba de la presión del poder político catalán sobre el poder judicial. Prosigamos con el segundo punto. ¿Acaso una manifestación -por supuesto, todo el mundo tiene derecho a manifestarse- preventiva -o pospreventiva, tanto da- no es una manera de chantajear al Alto Tribunal? En concreto, el catalanismo amenaza con provocar una crisis de Estado si el fallo va más allá de lo que considera tolerable.
Finalmente -tercer punto-, la teoría del choque de legitimidades y del pacto político entre España y Cataluña intenta conminar al Alto Tribunal para que -eso es lo que se busca desde el principio- la Constitución se adapte al Estatuto y no al revés aduciendo un inexistente acuerdo entre dos sujetos de soberanía. ¿Quizá el catalanismo ignora que Cataluña es una Comunidad Autónoma del Reino de España, que España no se organiza confederalmente sino autonómicamente, que la soberanía nacional reside en la totalidad del pueblo español? ¿Quizá el catalanismo ignora que el acuerdo bilateral entre España y Cataluña es imposible porque la soberanía es española e indivisible? El catalanismo no ignora nada de eso. Lo que pretende es, lisa y llanamente, sacar tajada de la presión política y de su posición de fuerza ante un Rodríguez Zapatero falto de los apoyos necesarios en el Congreso. De la coacción a la invitación al fraude de ley. Dicho fraude se percibe cuando el catalanismo -en este caso, el tripartito catalanista- propone que un fallo negativo del Tribunal Constitucional podría anularse de facto haciendo uso de la delegación de competencias prevista en el artículo 150.2 de la Constitución.
La escasa calidad democrática del catalanismo se muestra en lo antedicho. Se muestra en la negativa -por conveniencia política y simbólica- a respetar la división de poderes, se muestra en la dificultad para acatar y cumplir la ley sin recurrir a ningún tipo de subterfugio.
La escasa calidad democrática del catalanismo se manifiesta en una suerte de nacionalismo antisistema que, curiosamente, deslegitima el Sistema que le permite expresarse y gobernar en Cataluña.

Autonomía no es soberanía

Manuel Jiménez de Parga en ABC

De la forma rotunda del título que encabeza este artículo -«Autonomía no es soberanía»- se expresó el Tribunal Constitucional en una de sus primeras sentencias, la 4/81, de dos de febrero del año 1981. En esta sentencia se da solución anticipada a los problemas que en los últimos meses nos agobian. Literalmente se estableció allí: «La Constitución (arts. 1 y 2) parte de la unidad de la Nación española, que se constituye en Estado social y democrático de Derecho, cuyos poderes emanan del pueblo español en el que reside la soberanía nacional». ¿Cómo es posible, entonces, que se ponga en cuestión lo que resulta evidente con la lectura de la citada sentencia?
Anticipándose a la presente polémica, el Tribunal puntualizó: «Ante todo, resulta claro que la autonomía hace referencia a un poder limitado. En efecto, autonomía no es soberanía», agregando a continuación: «Dado que cada organización territorial dotada de autonomía es una parte del todo, en ningún caso el principio de autonomía puede oponerse al de unidad, sino que es precisamente dentro de éste donde alcanza su verdadero sentido». La publicación este verano de declaraciones de ciertos políticos anunciando rebeliones populares y aperturas a la independencia -con ruptura de la unidad nacional- pone en duda el conocimiento del texto constitucional. Es evidente que en 1978 el pueblo español, titular de la soberanía, pudo establecer otra Constitución. Pero la que entonces se aprobó, y está vigente entre nosotros, se configura con unos preceptos que deben ser respetados. En caso contrario los rebeldes se sitúan en el terreno peligroso de los revolucionarios o son, como diría certeramente el profesor Jorge de Esteban, «unos salteadores del Estado de Derecho».
Son de la misma condición los que consideran que la actual organización territorial de España es fruto de una combinación de partes, es decir una realidad compuesta. Craso error. La Constitución Española de 1978 formalizó jurídicamente una realidad compleja: el Estado de las Autonomías. Bajo esta rúbrica la Constitución no admite un combinado de partes, cada una de ellas con poderes originarios. No es un sistema compuesto el que los españoles decidimos instaurar. Realidad compleja, pero no compuesta. Igual que el árbol que es el resultado de un tronco y varias ramas. El símil del árbol me sirvió en mi época de profesor universitario para dar una idea clara de las competencias de las Comunidades Autónomas. Las atribuciones de éstas son como las ramas que brotan del tronco. La savia circula desde las raíces, pero a través del tronco. Si se corta una rama, termina secándose.
El tronco de nuestra Constitución se forma con la prevalencia de las normas del Estado sobre las normas de las Comunidades Autónomas y con el carácter supletorio del derecho estatal, «en todo caso» (art. 149.3). Además, y en la línea de los Estados descentralizados de buena estructura, con una larga tradición democrática, «si una Comunidad Autónoma no cumpliere las obligaciones que la Constitución u otras leyes le impongan, o actuare de forma que atente gravemente al interés general de España, el Gobierno, previo requerimiento al Presidente de la Comunidad Autónoma y, en el caso de no ser atendido, con la aprobación por mayoría absoluta del Senado, podrá adoptar las medidas necesarias para obligar a aquélla al cumplimiento forzoso de dichas obligaciones o para la protección del mencionado interés general» (art. 155.1).
Otra de las tesis heterodoxas del verano es la que infravalora los Preámbulos de los textos jurídico-políticos, como es nuestra Constitución y son los Estatutos de Autonomía. No me parece acertado el enfoque que atribuye al Preámbulo un valor normativo indirecto, en cuanto sirve para interpretar la Constitución o el Estatuto. No basta con esto. Al ser textos jurídico-políticos, en el Preámbulo se encuentran principios constitucionales que, como tales, son la base y la razón de ser de las normas concretas: principios directamente vinculantes. Ha contribuido a crear el confusionismo presente la equiparación de los Preámbulos de los Estatutos a las Exposiciones de Motivos que normalmente encabezan las leyes. Se trata, sin embargo, de dos clases distintas de textos. En las Exposiciones de Motivos, como su nombre indica, el legislador explica las razones que le han llevado a elaborar las nuevas normas. El Preámbulo de un Estatuto, por el contrario, anticipa las ideas que han de configurar el sistema, el régimen estatutario, debiendo manifestar las opiniones en las que la mayoría está de acuerdo.
La infravaloración de los Preámbulos ha sido rechazada por notables juristas que se han interesado por el tema. Y los «máximos intérpretes» de la Constitución, en importantes países, se han pronunciado ya con claridad. Lo dicho allí sobre las Constituciones es aplicable en España a los Estatutos de Autonomía, que son parte integrante del bloque de constitucionalidad.
En Francia, hasta fecha relativamente reciente, se discutió acerca del valor normativo del Preámbulo de la actual Constitución de 1958. Se mantuvieron tesis diversas al respecto. Pero el 19 de junio de 1970 el Consejo Constitucional inició una notable jurisprudencia, según la cual el Preámbulo es «una disposición jurídica fundamental», que limita la actividad de todos los órganos del Estado, incluido el legislador. Gracias al Preámbulo, la Declaración de derechos de 1789, su complemento que figura al comienzo de la Constitución de 1946 y los principios fundamentales reconocidos por las leyes de las tres primeras Repúblicas integran hoy el derecho aplicable. En virtud de este reconocimiento del valor jurídico del Preámbulo por el Consejo Constitucional de París, se ha podido afirmar, como lo ha hecho el decano Favoreu, que el derecho público anterior a 1970 es el viejo derecho público de Francia.
En los Estados Unidos de América, el Preámbulo de la Constitución es el auténtico «credo» que cualquier ciudadano recita sin titubear: «Nosotros, el pueblo de los Estados Unidos, a fin de formar una unión más perfecta ...». Pero no se piense que sólo es un texto de pedagogía cívica, aunque esta función la cumpla efectivamente. Toda declaración de la Constitución norteamericana posee «la más fuerte fuerza vinculante», jurídicamente hablando, o, para decirlo con palabras del Tribunal Supremo de Washington, en una famosa sentencia de 1958, «las declaraciones de la Constitución no son adagios gastados por el tiempo ni unas consignas vacías de sentido. Son principios imperecederos, vivos, que otorgan y limitan los poderes del Gobierno de nuestra Nación. Son reglas para gobernar».
Y es que, como a veces he recordado, la Constitución no es una simple norma jurídica, sino una norma jurídico-política. Quiero con esto indicar que su intérprete ha de utilizar unos criterios que sean fieles a la voluntad del constituyente, la cual ha quedado manifestada en el Preámbulo. Por ejemplo, en la Constitución Española de 1978, leemos: «La Nación española, deseando establecer la justicia, la libertad y la seguridad y promover el bien de cuantos la integran, en uso de su soberanía, proclama su voluntad de...».
Esa voluntad de la Nación española es la que, como pórtico, define el edificio. A la vista de los errores interpretativos que últimamente padecemos, pienso que en las escuelas de enseñanza básica, en los centros preuniversitarios, debería intensificarse el estudio de nuestra Constitución. Lamentablemente no se incluyó en el texto de 1978 algo similar a lo que se ordenaba en el art. 368 de la Constitución de Cádiz, el año 1812: «El plan general de enseñanza será uniforme en todo el Reino, debiendo explicarse la Constitución política de la Monarquía en todas las Universidades y establecimientos literarios, donde se enseñen las ciencias eclesiásticas y políticas». Una vieja obligación que recobra actualidad.
Y volvamos al postulado básico que ahora es conveniente recordar: Autonomía no es soberanía.

La mentira de los nacionalismos

El Govern ocultó una nueva ayuda de 1,2 millones a las selecciones catalanas

http://www.elmundo.es/elmundo/2009/09/09/barcelona/1252476885.html

Jordi Pujol cree que este Tribunal Constitucional “no merece respeto”

http://www.vozbcn.com/2009/09/08/8198/pujol-constitucional-merece-respeto/

Cinco asociaciones piden entrevistarse con el ministro de Educación para denunciar la exclusión del castellano de las escuelas

http://www.vozbcn.com/2009/09/08/8190/asociaciones-entrevista-ministro-educacion/

CiU “acompañará” todos los procesos para la independencia de Cataluña

http://www.vozbcn.com/2009/09/06/8165/ciu-acompanara-procesos-independencia/

Qué desmayo de España y lo español‏

Ignacio Ruiz Quintano en ABC


«TABARRÓN» es palabro feo que ronronea con todas sus erres, por lo que nuestros costumbristas, más que escribirlo, lo pinchaban con su pluma sobre el papel, como a un insecto repugnante.
El tabarrón catalán es algo que sólo España puede soportar.
-Se habla del Estatuto, de Azaña, del laicismo -anota Ruano en el café (la República española salió del café, otra cosa que ignora el pobre Cayo Lara)-. Todo esto es triste, pesado y poco confortable. ¡Qué desgana de primavera, Dios mío; qué desmayo de España y lo español!...
Primavera del 32. Setenta y siete años, pues, de tabarrón.
Tienen el Estatuto, tienen a Azaña (si Azaña fue un escritor sin lectores, Montilla es un lector sin escritores) y tienen el laicismo expresado en esa manía de entrar a los restaurantes sin camiseta. Tienen a Roures, que es como el basilisco de la situación. Y tienen -en la TV- los humoristas, uniformados de «botigers» de pompas fúnebres, a modo de luto por su falta de humor. Qué lejos, el «botiger», de la elegante dejadez del confitero andaluz, que, mientras el cliente toma del mostrador los dulces que desea, mira hacia otro lado, con distracción, para preguntar luego, a la hora de cobrar, sencillamente: «¿Qué ha tomado usted?» Y el cliente contesta: «Dos yemas de huevo y una de coco...» Aunque una vez Pemán sorprendió este diálogo entre el confitero y el cliente, caballero formal con el retrato de la señora en dije de esmalte:
-¿Qué ha tomado?
-Dos yemas de huevo.
-¿Tres ha dicho?
-Sí, tres...
El tabarrón catalán es el precio de mantener a Zapatero y su corte de intelectuales en el poder.
El clima público de España, dice Ruano, produce tontos y locos.
-Y un tercer tipo, que es el político. Este tipo, más internacional, es en España genuino, autóctono.. La historia breve de España no es una genealogía de reyes, sino una genealogía de políticos. El tipo del político (antes, ahora y posiblemente después) es una variante de la anormalidad. Suele comenzar haciendo locuras y terminar haciendo tonterías. Al principio es ofensivo. Al final, inofensivo.
¿Inofensivo? Eso se tenía dicho de los cafés, y ya se vio.
-Siempre me acordaré -aclara Ruano- de que la manifestación revolucionaria que avanzaba por el paseo de Recoletos con el sano propósito de quemar el ABC, la manifestación que disolvió con unos tiros al aire la Guardia Civil, se había formado con elementos del Café de la Granja y Negresco, y había tanto pequeño literato en ella, que yo tuve la sospecha de que todos aquellos energúmenos eran gentes que no habían podido colaborar en ABC y Blanco y Negro y habían decidido quemar aquella casa, que no pudieran antes asaltar con sus gerundios.
¿Cómo extrañarnos que un día, harto del tabarrón del «Estatut», el pícaro Pepe Blanes esquilara al poeta y diputado Ventura Gassols su melena de león?

¿Un Estatut racista?

Jesús Royo en La Voz Digital.


A la gente de izquierdas, lo que nos caracteriza es nuestra pasión por la igualdad. En el Estatut vigente, el de Sau, teníamos un documento en que se asociaba 'igualdad' a 'las dos lenguas oficiales' (art.3: “La Generalitat garantizará el uso normal y oficial de los dos idiomas... creará las condiciones que permitan alcanzar su igualdad plena”). En cambio, en el proyecto del nuevo Estatuto se elimina esa 'igualdad lingüística' y se sustituye por 'uso preferente' de una de ellas. ¡Y eso lo hace gente que se autocalifica de izquierdas!

La diferencia lingüística sólo sería aceptable como discriminación positiva para compensar una desigualdad de hecho: así lo dijo el presidente Maragall para justificar el trato diferente de los escritores en Frankfurt. Pero esa discriminación es coyuntural y transitoria por naturaleza: nunca debe ponerse en la fórmula de un texto 'constituyente'. ¿Se imaginan una Constitución en la que los cargos fueran ocupados 'preferentemente por mujeres'? Ahora que incluso se va a quitar la prelación masculina en algo totalmente excepcional como es la sucesión del rey.

Según el nuevo Estatut, los catalanes de habla castellana no gozaremos de igualdad: nuestra lengua será 'no preferente'. O sea, deberemos ocultar nuestra lengua para cualquier acto público, para el poder, la escuela, el comercio, etc. Tendremos una condición infamante, subordinada, impropia. ¿Y eso por qué? Simplemente porque nuestra lengua proviene de españoles, pobres, apestados, extranjeros. Es, por lo visto, un estigma abominable.

La lengua en Cataluña cubre el espacio y cumple la misma función discriminadora de la religión (Irlanda del Norte: protestantes-católicos) o la etnia (Ruanda: hutus-tutsis). ¿Alguien se imagina que el Estatuto de Irlanda del Norte, por ejemplo, dijera que “el catolicismo -como religión propia- será la confesión preferente”? Pues bien, esa función discriminadora es lo que llamamos racismo y no sólo es aplicable a la raza, sino a cualquier motivo discriminador como sexo, lengua, etnia o religión.

El catalanismo desde sus orígenes siempre ha tendido al racismo, declaradamente -antes del nazismo- o de forma encubierta. En tiempos del Dr. Robert, por ejemplo, nadie se hubiera extrañado de que se declarara preferente a 'la raça catalana'. Hoy sería escandaloso. Y sin embargo, la lengua es hoy lo mismo que la raza hace un siglo. El proyecto de Estatut, al declarar 'preferente' a una de las dos lenguas de Cataluña, se declara racista, igual que si hiciera preferentes a los 'catalans de Socarrel'. ¿Pasaremos por el bochorno de que alguna Convención Internacional contra el Racismo impugne el Estatut por racista?

La gente de izquierdas no podemos dar el sí a un Estatut racista. Socialistas, comunistas, haced honor a vuestra pasión por la igualdad: declarad en el Estatut la oficialidad de las dos lenguas de los catalanes por igual. Ambas son iguales en categoría y derechos. Ambas son nuestras.

Carod se va a Sudamérica para ‘consolidar los vínculos institucionales de Cataluña’

http://www.vozbcn.com/2009/08/31/8129/carod-viaje-uruguay-argentina/